La empresa Jet Van Car Rental se perfila para recibir una adjudicación directa por parte del ayuntamiento de Texcoco, bajo la dirección de Nazario Gutiérrez, según informaron fuentes. Este acuerdo, que será multianual, tiene como fin el arrendamiento de unidades adaptadas para patrullas.
La multa e inhabilitación impuesta a Jet Van Car en 2021 por la Secretaría de la Función Pública, entonces bajo la supervisión de Irma Eréndira Sandoval, fue consecuencia de su incumplimiento en un contrato de arrendamiento con el Servicio de Protección Federal. Esta medida la excluyó de participar en procesos de contratación con el gobierno por 12 meses.
Los contratos con la administración pública federal durante el sexenio pasado generaron ingresos de aproximadamente 7 mil 400 millones de pesos, de acuerdo con una revisión al portal Compranet. En lo que va del 2025, la cifra ya asciende a unos 500 millones de pesos en 21 contratos.
Entre 2019 y 2024, la facturación superó los 7 mil millones, cifra que no considera los contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyo valor en los tres últimos años alcanza los 4 mil 500 millones de pesos.
En 2023, uno de los contratos más destacados fue el del municipio de Juárez, Chihuahua, quien le otorgó 117 millones de pesos para la compra de vehículos equipados como patrulla. Además, en el año pasado, el gobierno de Guerrero asignó más de 71 millones de pesos en marzo para arrendar 66 vehículos, y Quintana Roo adjudicó un contrato de 48.5 millones de pesos en diciembre de 2023. También se destaca el contrato de 20 millones de pesos otorgado por el Ayuntamiento de Tepic.
Se estima que Jet Van Car Rental podría haber causado un perjuicio financiero a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) de 8 millones 935 mil 828 pesos, lo que llevó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a solicitar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizar una auditoría sobre sus operaciones.
En las transacciones realizadas con Jet Van, la auditoría forense número 2123 de la ASF detectó irregularidades en la documentación fiscal de Forza Arrendadora Automotriz, lo que llevó a solicitar al SAT una revisión de las operaciones de la empresa.
Las alertas sobre posibles conflictos de interés surgieron después de que investigaciones periodísticas revelaran que César Gerardo Matamoros Vargas representó a Forza Arrendadora Automotriz y Jet Van Car Rental en licitaciones.
Forza Arrendadora Automotriz fue adjudicataria de contratos para el aeropuerto de Santa Lucía, según los reportes periodísticos, mientras Jet Van Car Rental enfrentaba procedimientos sancionadores. Tras la inhabilitación de Jet Van, los dueños de Forza aumentaron su presencia en el sector público mediante cuatro empresas que comparten accionistas y representantes legales, entre las que se encuentran CGE Automotriz, Rin Automotriz, Vehículos AAA y Automóviles CGE de Zacatecas.
Cuauhtémoc Velázquez, quien es el principal accionista de Jet Van Car, también preside Automóviles CGE de Zacatecas, con la que la CFE hizo negocios en 2024. La CFE adjudicó directamente al menos cinco contratos a la empresa.
